Sobre la máxima de que la vivienda es un bien de interés
general y no un producto de mercado y que, por lo tanto, ha de abordarse desde
una perspectiva que integre también el urbanismo y el territorio, el Consejo
Superior de los Colegios de Arquitectos de España (CSCAE) y el Ministerio de
Vivienda y Agenda Urbana han firmado un protocolo general de actuación para
promover los concursos de arquitectura como “procedimientos prioritarios y
preferentes” para canalizar la construcción de vivienda pública. El acuerdo se
produce en un contexto de crisis habitacional, con un déficit acumulado de
750.000 viviendas, según los últimos datos del Banco de España, y tiene el
objetivo de garantizar el derecho a una vivienda digna y adecuada que recoge la
Constitución Española, en su artículo 47. Por eso, el convenio incluye también
el compromiso de ambas partes para colaborar en la agilización de los
procedimientos de licitación de vivienda pública y en su asequibilidad con
procesos constructivos más eficientes y sostenibles, que contribuyan a una
mejor adecuación entre la oferta del mercado y las posibilidades económicas
reales de la población.
El convenio marco que han rubricado, en representación de la
ministra de Vivienda y Agenda Urbana, el secretario general de Agenda Urbana,
Vivienda y Arquitectura, Iñaqui Carnicero, y la presidenta del CSCAE, Marta
Vall-llossera, en el Colegio de Arquitectos de Cataluña, reconoce el “papel
fundamental” de la arquitectura en la respuesta al desafío de la vivienda “no
solo por su capacidad para configurar espacios habitables de calidad, sino
también por su contribución a la salud, la inclusión social, la identidad
colectiva, la eficiencia de los recursos y la adecuada integración de las
edificaciones en su contexto urbano y territorial”. De ahí la idoneidad de los
concursos públicos, ya que son procedimientos de concurrencia que promueven la
transparencia y finalizan con la decisión colegiada de un jurado especializado,
lo que garantiza la selección de las mejores soluciones arquitectónicas en
función de criterios de calidad, sostenibilidad e innovación.
Durante la firma del acuerdo, en el Colegio de Arquitectos
de Cataluña, el secretario general de Agenda Urbana, Vivienda y
Arquitectura, Iñaqui Carnicero, ha valorado: “Este protocolo supone
un importante paso para utilizar, en todo lo que dependa del Ministerio, la
mejor manera de contratar arquitectura, los concursos, porque son una garantía
para los ciudadanos”. En este sentido, también ha resaltado que, a
través del Consejo sobre la Calidad de la Arquitectura, se va a trabajar para
publicar unos honorarios de referencia que sirvan para contratar con las
Administraciones Públicas.
Por su parte, la presidenta del CSCAE, Marta
Vall-llossera, ha defendido: “Cuando un concurso está bien planteado, con
bases claras, criterios rigurosos, jurados cualificados y una valoración real
de la calidad, permite que las Administraciones obtengan mejores proyectos y,
con ello, mejores viviendas, mejores equipamientos y mejores espacios públicos.
No se trata solo de construir más, ni de hacerlo más rápido. Se trata de
hacerlo mejor”.
Para ello, el protocolo contempla un seguimiento de los
concursos durante las licitaciones, pero también durante la prestación de los
servicios de arquitectura, de manera que las propuestas se evalúen y
seleccionen a través de jurados especializados debidamente conformados; el
impulso de criterios objetivos y transparentes, que, de manera no vinculante,
puedan servir de orientación para la estimación de los gastos y honorarios
asociados a los servicios de arquitectura, como instrumento para garantizar la
calidad de la arquitectura como bien de interés general, de acuerdo con la Ley,
y la adecuación de los proyectos al ámbito territorial y al cultural,
preservando la identidad de barrios, ciudades y territorios e incorporando los
principios y objetivos de la Agenda Urbana Española.
De acuerdo con todo ello, el Ministerio de Vivienda y Agenda
Urbana declara su voluntad de:
1) impulsar la tramitación de concursos de
arquitectura en el marco de su actividad y competencias, como instrumento
fundamental para la contratación de proyectos de calidad;
2) formular
propuestas de desarrollo normativo para garantizar la calidad de la
arquitectura a través de la contratación pública, el empleo preferente y
prioritario de la modalidad del concurso y el impulso de criterios objetivos y
transparentes, que, de manera no vinculante, puedan servir de orientación para
la estimación de los gastos y honorarios asociados a los servicios de
arquitectura, y
3) realizar el seguimiento y coordinación de todas las Administraciones
Públicas con competencias en arquitectura y edificación, para el fomento de
propuestas orientadas a la mejora de la calidad de la arquitectura y su
asequibilidad a través de la mejora de los procesos constructivos.
El protocolo tendrá una vigencia de cuatro años, pudiendo
ser prorrogado por acuerdo expreso de las partes antes de su finalización,
mediante adenda, por otro período de hasta cuatro años.
El desafío de los honorarios de arquitectos en Europa
“Que haya unos costes de servicios profesionales adecuados
es esencial porque sin ellos es imposible que los arquitectos podamos hacer el
trabajo con la calidad que demanda la sociedad en estos momentos”. De esta
forma, ha sintetizado la presidenta del CSCAE la situación en la que se
encuentra la profesión en España. Lo ha hecho horas antes de la firma del
protocolo entre el Ministerio de Vivienda y Agenda Urbana y el CSCAE en una
sesión, dentro del Congreso Mundial de Arquitectos/as UIA 2026 Barcelona, titulada “El
desafío de los honorarios de arquitectos en Europa”. Moderada por la
arquitecta Matxalen Acasuso, en ella han participado el presidente de la Orden
de los Arquitectos de Portugal, Avelino Oliveira; la vicepresidenta
por la Región I de la UIA, Teresa Táboas, y la secretaria general
del CSCAE, María José Peñalver Sánchez.
En un contexto marcado por la creciente internacionalización
de los servicios profesionales, la evolución de los sistemas de contratación,
la presión sobre los honorarios y la necesidad de responder a retos como la
sostenibilidad, la vivienda, la regeneración urbana o la protección del
patrimonio, la jornada ha reflexionado sobre las consecuencias, en los últimos
30 años, de la liberalización de los costes asociados a los servicios de
arquitectura derivada de la entrada en la Comunidad Económica Europea y de la
precariedad en la que trabajan los/as arquitectos/as.
En la sesión, se ha hecho hincapié en que “la arquitectura
no es únicamente una prestación profesional. Es también cultura, paisaje,
memoria, identidad y servicio al interés general. Los edificios y los espacios
que proyectamos condicionan durante décadas la vida de las personas, la forma
de nuestras ciudades y el patrimonio que legaremos a las generaciones futuras.
Por eso, ha subrayado Vall-llossera: “Resulta legítimo preguntarse si puede
evaluarse exclusivamente con criterios de mercado y, más concretamente, si
puede seguir evaluándose, en demasiadas ocasiones, casi solo a partir del
precio”. Todos los/as expertos/as de la sesión han defendido que, con unos
costes de servicios profesionales “mínimos y justos”, se competiría por la
calidad y han coincidido en que la unidad en el contexto europeo es fundamental
para cambiar el rumbo actual, que “está perjudicando al 80 por ciento de los
estudios europeos, que están formados por entre 2 y 5 personas”, ha apuntado
Oliveira. “El protocolo de hoy es un salto adelante, pero tenemos que ir más
allá y unirnos a nivel europeo para buscar los mecanismos y defender nuestra
profesión en Bruselas”, ha reivindicado Táboas.
También en el marco del Congreso Mundial de Arquitectos/as
UIA 2026 Barcelona, la jornada se ha completado con la
performance-conversación "Arquitectes en crisi: arquitectura
ferida", una iniciativa impulsada por profesionales catalanes para
abrir un espacio de reflexión sobre la situación actual de la profesión en el
marco del Congreso Mundial de Arquitectos. A través de un formato
participativo, sin ponentes ni estructura convencional, y con la proyección de
testimonios audiovisuales de arquitectos de todo el territorio, el acto ha
visibilizado la precarización laboral, la excesiva burocracia, la pérdida de
reconocimiento del trabajo arquitectónico y el impacto de estas problemáticas
en la calidad de la arquitectura.
La sesión ha concluido con la lectura del manifiesto
“Arquitectes en crisi: arquitectura ferida”, que reivindica la arquitectura
como un bien de interés público y reclama un cambio de paradigma para situar la
calidad arquitectónica en el centro de las políticas públicas. El texto también
defiende la necesidad de priorizar el talento y la innovación en los concursos
públicos, reducir la burocracia y garantizar unas condiciones dignas para el
ejercicio de la profesión.